Advertimos que en la Republica Argentina hay un PELIGRO CON EL ESTADO DE DERECHO, nuestra constitución Nacional expresamente determina el debido proceso legal y la garantía a los derechos constitucionales para todos ciudadanos.
Actualmente todos los argentinos, estamos siendo testigos en sucesivos casos, como los de Milagro Sala, Julio de Vido y Amado Boudou, quienes fueran detenidos por la justicia sin tener condenas firmes, que no se les garantiza sus derechos constitucionales de un estado democrático. A todo ello hay que sumarle que la prensa mediática de multimedios dominante y monopólica en la argentina los condenan como personas presas por la justicia, como si fueran estos últimos un trofeo del actual gobierno oficialista, injuriando así indebidamente su nombre, y violando sus garantías constitucionales.
Que, si bien este gobierno actual se jacta de promover una justicia independiente, no es así lo que presenciamos todos los días, ya que el poder judicial nada hace con las causas en lo procesal penal de los funcionarios actuales en el gobierno, lo que nos determina un indicio de que la justicia está siendo absorbida por un Poder Ejecutivo que busca ser autoritario y centralizado.
La misma suerte se corre en el ministerio público fiscal, encargado de la investigación de los delitos en la argentina por medio de los fiscales, donde la Dra. Gils Carbo tuvo que renunciar a su cargo de procuradora general de la Nación, por las constantes persecuciones que sufría por parte del actual Poder Ejecutivo.
Que la justicia no está siendo independiente podemos observar en la obstrucción del gobierno a la investigación en el caso Santiago Maldonado, donde hasta el día hoy no se puede saber con exactitud qué fue lo que paso realmente y donde Gendarmería Nacional continúa ocultado su accionar represivo y delictual, con la complicidad del Poder Ejecutivo y los medios de comunicación monopólicos, que ocultan y entorpecen la investigación.
El Poder Legislativo no queda ajeno a todo esto, el presidente actual Mauricio Macri busca el segundo ajuste económico que impactara sobre todos los trabajadores, aumentando el desempleo y el ajuste al salario, a través de la reforma laboral, y para lograr su objetivo persigue, amenazando y amedrentando, a todos los legisladores opositores de ambas cámaras del Congreso de la Nación.
El segundo ajuste económico del actual gobierno, también tiene en mira a dirigentes políticos, gremiales y funcionarios de la justicia para su adoctrinamiento, y de esta forma evitar que se opongan a la reforma laboral.
Por esta razón, decimos que son todos actos políticos ilícitos e inconstitucionales que demuestran claramente que la democracia está en alerta máxima, y que la justicia también opera para poner en peligro a nuestra estabilidad como República, con la lentitud en la que trabaja sobre los casos de funcionarios de esta actual gestión Nacional, como en la causa por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública, del actual presidente Macri y su familia, dueños de la empresa SOCMA, por una deuda al correo Argentino por 70.000 millones, en donde el juez actuante es el juez federal Ariel Lijo, quien no por casualidad fue quien en el día de la fecha ordena la detención de Amado Boudou, para evitar un supuesto entorpecimiento.
Y finalmente decir que fue esta persecución política la que sufrido en su momento el propio Juan Domingo Perón y Evita. Y que el Peronismo Correntino no va a permitir este Hostigamiento político, y va a defender en las calles junto a su pueblo.
En esa línea es que venimos a pedir: Libertad para los presos políticos.
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